Allanamiento personal sin autorización judicial

causa justa, racismo estructural y el papel de la Defensora Pública en la promoción de los derechos humanos

Resumen

En abril de 2022, la Sala 6 del Superior Tribunal de Justicia, al resolver el Recurso de Habeas Corpus n.º 158.580/BA, estableció un importante entendimiento jurisprudencial sobre el allanamiento personal sin orden judicial, previsto en el artículo 244 del Código Procesal Penal, por lo que sin duda se superó cualquier otra interpretación diferente. La sentencia aseveró la necesidad de la existencia de fundada -y no de mera- sospecha para proceder a la medida, necesariamente relacionada con la posibilidad de posesión de objetos que constituyen el cuerpo del delito. Aún así, el voto del relator se centró en detalle en los temas que permean los enfoques policiales y el racismo estructural, proponiendo una importante reflexión. Por sí mismos, los allanamiento personales violan los derechos fundamentales a la privacidad, la intimidad e incluso la libertad, aunque sea brevemente. Sin embargo, cuando no están debidamente justificados y se basan en criterios subjetivos y genéricos, sirven como instrumentos propagadores del racismo estructural, especialmente contra los jóvenes negros de las periferias. Por ello, es fundamental frenar y rechazar estas conductas. El análisis de esta sentencia es de suma relevancia para los operadores jurídicos en general, mereciendo especial atención en lo que se refiere a la labor de la Defensoría Publica, que tiene la misión constitucional de promover los derechos humanos. Por lo tanto, a modo de conclusión, se realizarán consideraciones sobre el papel del defensor en el combate no solo de los allanamientos personales ilegales, sino del racismo estructural en su conjunto.